Executive Summary – ES

Europa se está enfrentando tres crisis simultáneas.

La primera es una crisis económica, con niveles crecientes de pobreza, inseguridad e indigencia a lo largo del continente. La segunda es una crisis ambiental y climática con consecuencias severas para las comunidades europeas en primera línea frente al cambio climático que se agravarán en el futuro. La tercera es una crisis democrática. A lo largo del continente, las personas están desconectadas del centro de toma de decisiones, no solo en Bruselas, sino en sus propias comunidades de residencia.

Estas crisis son producto de las decisiones políticas de Europa y están estrechamente relacionadas entre sí. La promoción de un crecimiento extractivista ha llevado a un colapso ambiental; y la devoción por las medidas de austeridad —por encima de las necesidades democráticas expresadas en las distintas comunidades de Europa— ha limitado nuestra capacidad para responder colectivamente.

Un nuevo enfoque radical es necesario para revertir esta tendencia destructiva y para conseguir justicia ambiental en Europa y el mundo.

A este enfoque lo llamamos el New Deal Verde para Europa y el siguiente informe es un paquete de políticas integrales que trazan una hoja de ruta para la transición justa en Europa.

El New Deal Verde para Europa comprende tres instituciones distintas, resumidas en los siguientes puntos:

• Las Obras Públicas Verdes (Green Public Works o GPW) es un programa de inversión histórica para poner en marcha la transición justa en Europa.
• La Unión Ambiental (The Environmental Union o EnU) es un paquete legislativo para alinear la política de la UE con el consenso científico, promoviendo los principios de sustentabilidad y solidaridad en la ley europea.
• La Comisión de Justicia Ambiental (the Environmental Justice Commission o EJC), es un organismo independiente para investigar, vigilar y asesorar a las personas responsables de las políticas públicas en la UE sobre cómo hacer avanzar la causa de la justicia ambiental.

Sin embargo, no es suficiente proponer nuevas políticas públicas y esperar a que los liderazgos europeos presten atención.

Es por eso que esta hoja de ruta también establece las vías para tener un New Deal Verde para Europa, mostrando cómo comunidades, organizaciones de base y ciudadanía en general se pueden movilizar para hacer esta visión realidad.

Las obras públicas verdes (GPW, por sus siglas en inglés) constituyen un programa de inversión para conseguir la transformación de Europa. Vincula objetivos económicos con una visión de justicia ambiental: descarbonizar la economía europea, revertir la pérdida de biodiversidad y garantizar trabajos decentes a lo largo del continente.

Las GPW serán completamente financiadas a través de bonos verdes emitidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos instrumentos permiten que el BEI recaude importantes cantidades de dinero sin quebrantar las reglas fiscales europeas. Respaldado por el Banco Central Europeo, estos bonos suponen una vía segura de inversión para los raquíticos fondos de ahorro y pensiones de Europa; al tiempo que se redirigen fondos inactivos hacia partes del continente afectadas por el desempleo, la pobreza y el colapso ambiental.

La administración de las GPW busca fortalecer a las comunidades y facilitar la creación de vínculos entre ellas. Las decisiones de inversión serán delegadas a las autoridades subeuropeas, en donde se espera que la ciudadanía participe activamente en su dirección. Mientras tanto, una Red de Solidaridad Verde crea estructuras para la cooperación horizontal entre ciudades, regiones y comunidades rurales europeas, permitiéndoles compartir las mejores prácticas para la transición ecológica, así como expandir sus capacidades administrativas.

Las inversiones de las GPW pretenden reorientar la economía europea lejos de la acumulación privada de riqueza y hacia la sostenibilidad ambiental. Las viviendas integradas, los servicios públicos y las estrategias de movilidad asegurarán enormes reducciones en la demanda de energía mientras transforman los barrios europeos. Los 38 millones de casas vacías serán movilizadas para eliminar la indigencia y garantizar el derecho a la vivienda. Un masivo programa de reequipamiento hará posible que los hogares europeos están aislados y seguros frente a las temperaturas extremas, mejorando la resiliencia comunitaria y terminando con la pobreza energética. Un Fondo paneuropeo de Cohesión para la Movilidad asegurará que cualquier comunidad europea tenga acceso a opciones de transporte ágiles, limpias y económicas.

Pero las GPW son más que un programa de inversión pública. También son una promesa de revitalizar la democracia a través del empoderamiento de la clase trabajadora y sus comunidades. Las GPW invertirán en cooperativas en propiedad de las y los trabajadores, que tradicionalmente sufren de falta de acceso a financiamiento privado, y reorientarán las prácticas industriales de Europa hacia la sustentabilidad, democracia y justicia.

La financiación de las GPW será asignada a empresas privadas para avanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales de Europa. Las empresas que reorienten su producción hacia el reciclaje y la reparación, que extiendan el ciclo de vida de sus productos y reduzcan la semana laboral recibirán un fondo de apoyo para la transición. Así será también para las empresas que incluyan a las y los trabajadores en este proceso y otorguen una porción de sus ganancias hacia un fondo que pague a estos un dividendo y genere recursos adicionales para la transición justa.

Las empresas que alcancen los altos estándares de sostenibilidad, democracia y justicia social del New Deal Verde para Europa recibirán el Europe Award, que incluye más financiamiento para la transición.

Finalmente, las GPW revitalizarán las comunidades rurales de Europa. Los subsidios europeos están dirigidos abrumadoramente hacia las agroindustrias multinacionales, con devastadores resultados sociales y ambientales tanto en Europa como en el exterior. Las GPW redirigirán estos fondos en apoyo de prácticas regenerativas en agricultura, pesca y silvicultura, asegurando que las comunidades rurales de Europa se conviertan en el motor de nuestro rescate ambiental.

La EnU (siglas en inglés de Unión Medioambiental) cumple la promesa del New Deal Verde para Europa de un “cambio de sistema”. Ofrece un plan regulador fuerte e integral para reorientar la política europea y alinearla con el consenso científico sobre el colapso climático y medioambiental, para transformar a Europa líder global en la transición verde.

La EnU abarca tres áreas generales al legislar para (i) la emergencia, (ii) la sostenibilidad y (iii) la solidaridad.

La EnU parte de la premisa de que los responsables de las políticas europeas siguen negando la crisis que tienen enfrente. Esto, en consecuencia, exige que haya una declaración formal sobre la emergencia climática y medioambiental. Esta declaración se usará para establecer nuevas metas que empujen a un análisis de toda la legislación existente y planeada.

La EnU legisla la sostenibilidad mediante el control de las prácticas que perjudican el medioambiente, tanto dentro de Europa como en las cadenas de abastecimiento que vinculan a las entidades europeas con procesos de producción que se realizan fuera de sus fronteras. La EnU introducirá nuevas enmiendas a las cautas leyes que penalizan la inversión en combustibles fósiles, acelerará el progreso del Grupo de Trabajo Técnico sobre las finanzas sostenibles y fortalecerá la supervisión reglamentaria de los bancos multinacionales que operan en el Sur Global.

Como parte de su “paquete de legislación por la sostenibilidad”, la EnU también llama a la reforma radical de la política energética de la UE. Rechaza el marco regulatorio del “mercado de energía interno” en favor de la apropiación y control democráticos de la infraestructura energética. Busca eliminar gradualmente todos los subsidios para los combustibles fósiles, tanto los directos como los indirectos. Adopta un nuevo sistema de tasas-y-dividendos para asegurar que todos los sectores con emisiones están adecuadamente gravados y que esos ingresos lleguen a todas y todos los europeos.

La EnU legisla en pro de la solidaridad. Durante décadas, la UE ha promovido la desregularización y la extracción de recursos en beneficio de la “competitividad”. La EnU reemplaza el principio de la competición con el de la solidaridad al poner los intereses de las y los trabajadores, las comunidades y el medioambiente en primer lugar.

Legislar en pro de la solidaridad requiere un cambio radical en la política agrícola europea, que actualmente subvenciona a las granjas industriales que inundan los mercados globales. La EnU, sin embargo, adopta una Política Alimentaria Común para la EU, un marco que reorienta las múltiples políticas sectoriales que afectan a los sistemas alimentarios, pone fin a los objetivos políticos contradictorios y sus costos ocultos, y situa al comercio agrícola al servicio del desarrollo sostenible.

El comercio internacional es central para una agenda de “legislación en pro de la solidaridad”. La EnU aspira a reconfigurar las relaciones comerciales para apoyar, en lugar de perjudicar, la solidaridad. Esto incluye acabar con los mecanismos de resolución de litigios entre los inversores y los estados, integrando un estándar de sostenibilidad en el contexto de la OMC, facilitando la transferencia de tecnología mientras se apoya una transición verde global.

El principio de solidaridad se aplica por igual a todas las políticas de desarrollo de Europa, que frecuentemente financian proyectos con combustibles fósiles bajo el pretexto de la ayuda internacional. La Regulación del Desarrollo Verde de la EnU cambia las prioridades del desarrollo inernacional e intensifica su compromiso para desarrollar mecanismos de inversión multilaterales como el Fondo Verde del Clima.

Finalmente, la EnU consagra en la ley el respeto por la naturaleza al introducir sanciones a quienes contaminan y al reconocer formalmente el “ecocidio” como una infracción punible. La introducción de estas nuevas normas por parte de la UE podría servir como modelo para un reconocimiento global del ecocidio como un crimen contra la humanidad.

La Comisión por la Justicia Medioambiental (EJC, por sus siglas en inglés) es el primer cuerpo internacional encargado de asegurarse de que la transición verde es también justa.

La estructura de la EJC busca garantizar que sea legítima, democrática y tenga autoridad. Incluye (i) presidentes o presidentas elegidas por cada Estado miembro de la UE, (ii) una Comisión con representación diversa tanto de dentro como de fuera de Europa, (iii), una sub-Comisión que lleve a cabo las prioridades de investigación de la Comisión y (iv) grupos ciudadanos que sitúen la participación pública en el centro de las actividades de la EJC.

La EJC dispone de un amplio mandato para establecer un nuevo estándar de investigación e informe de las injusticias medioambentales, pero su rol está limitado a la asesoría y auxilio de instituciones como la Comisión Europea o las Naciones Unidas. Su trabajo consiste en recolectar datos sobre las consecuencias del cambio climático y desarrollar nuevas maneras de evaluarlos, supervisando la implementación de la agenda climática europea y asesorando a la UE y otras instituciones internacionales para el desarrollo de nuevas políticas en el futuro.

El trabajo de la EJC está estructurado en tres dimensiones para la justicia medioambiental: (i) justicia internacional, (ii) justicia interseccional y (iii) justicia intergeneracional.

La crisis climática es global, pero su impacto no está distribuido equitativamente. Los países más pobres están pagando el precio más alto cuando su responsabilidad es menor. El ala de Justicia Internacional de la EJC tiene como objetivo evaluar la relación entre las políticas de la UE y la desigual destrucción medioambiental para observar en qué medida los organismos de la UE han perpetuado este legado de injusticia internacional. De esta manera se busca proveer de una plataforma para las comunidades en primera línea frente al cambio climático para que participen en el desarrollo de nuevos marcos de regulación.

La EJC desarrollará y aplicará sus parámetros de justicia internacional en varias áreas clave. Estas incluyen la migración, para la que la EJC desarrollará la primera base de datos exhaustiva sobre la migración medioambiental y aconsejará a las autoridades de la UE sobre el reconocimiento formal de los refugiados climáticos y sus derechos de asilo. También incluirá a las corporaciones trasnacionales, en a lo que la EJC asesorará a las instituciones en cuanto a la viabilidad del Tratado de la ONU sobre las Corporaciones Trasnacionales y los Derechos Humanos y si se puede aplicar una legislación similar a nivel europeo.

El cambio climático está aumentando las desigualdades no solo entre países, sino dentro de ellos. Como señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC): ” Las personas que están marginadas en los planos social, económico, cultural, político, institucional u otro son especialmente vulnerables al cambio climático, así como a algunas respuestas de adaptación y mitigación”. El ala de Justicia Intersecional de la EJC servirá para rectificar esas desigualdades.

El trabajo en Justicia Interseccional también es aplicable en distintas áreas que incluyen Salud, Empleo, Educación y Movilidad. En cada una de estas, la EJC trabajará para identificar las barreras para la distribución equitativa, el reconocimiento y la participación, y asesorará a las autoridades de la UE sobre la mejor forma de eliminarlas, asegurándose de que todas las personas que viven en Europa estén incluidas en la transición verde.

Las consecuencias de los cambios medioambientales son duraderas y crearán desigualdades que podrían mantenerse durante generaciones. La EJC examinará estas consecuencias intergeneracionales en ambas direcciones, confrontando los crimes del colonialismo del pasado y preparando el camino para que futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta sano. En palabras de la presidenta de la Asamblea General de la ONU María Espinosa: “La justicia climática es también una justicia intergeneracional”.

La EJC explorará mecanismos de responsabilidad en relación al papel histórico que Europa ha tenido en la extracción en el Sur Global. En concreto, la EJC ampliará las herramientas que la UE tiene para compensar a otros países por los daños del pasado, incluyendo reparaciones climáticas que distribuyan fondos y recursos a comunidades de primera línea afectadas por siglos de dominación colonial y el legado que la explotación y la extracción dejaron tras de sí.

Finalmente, la EJC examinará cómo Europa puede hacer justicia para las generaciones futuras que heredarán este planeta. En particular, la EJC evaluará las políticas económicas y medioambientales, y su impacto potencial para las generaciones futuras. La EJC considerará el reconocimiento legal y explícito de la protección de estas generaciones, lo que permitiría a estas denunciar políticas medioambientales vigentes. También propondrá realizar cambios en la tasa de descuento que se usa para orientar sobre las decisiones de inversiones, para evitar discriminación contra generaciones futuras

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